Por Jorge Rendón Vásquez
En mayo del 2000, me encontraba atareado en la actualización de mi libro Teoría General del Derecho para su cuarta edición. Me había propuesto ampliar, entre otros temas, la conexión del principio de igualdad ante la ley con el voto universal, pero no únicamente desde el punto de vista teórico, sino sobre todo de las evidencias prácticas. Las elecciones nacionales de ese mes me proporcionaron la ocasión de hacerlo. Competían en segunda vuelta el presidente de la República Alberto Fujimori y su retador, Alejandro Toledo. El domingo en que tuvieron lugar las elecciones, dejé mi auto a un kilómetro del centro de votación que me tocaba, un colegio del Estado, y continué a pie entre cientos de personas que caminaban en la misma dirección al lado de largas hileras de automóviles embotellados. Pasé con éxito la barrera de policías y soldados armados, y me coloqué al final de una larga cola, entre decenas de otras colas y miles de personas que pululaban en los patios y pasadizos. De pronto, escuché la siguiente conversación de varias personas que me antecedían:
—¿Qué hago? ¿Por quién voto? —Era una joven de terso rostro trigueño quien hacía la pregunta a su acompañante.
—Mi patrona me ha dicho que hay que votar por Fujimori —le respondió ésta.
—También yo votaré por él —dijo una señora sobre los cincuenta años, de rostro ocupado por rosados mofletes—. Yo siempre le hago caso a la televisión.
—Es la mejor opción —afirmó un hombre de cabello cano, que parecía conocer a la señora—. Toledo no tiene experiencia de gobierno. Es lo que dicen los diarios.
—Yo votaré en blanco —anunció un hombre de talla pequeña y minúsculo bigote—. No estoy de acuerdo con la reelección ni con el otro candidato. Uno seguirá robando y el otro quién sabe.
—El Chinito es bueno —terció un hombre de talla pequeña y rasgos indígenas—, regala cosas. Y, si roba, le roba al Estado.
Intuí que este diálogo se repetía incontables veces en el maremágnum del Colegio.
Y, entonces, me pregunté si toda esta gente sabía por qué acudía a votar. No por la multa o la habilitación para practicar los actos jurídicos ordinarios de la vida social si se abstenían de hacerlo, sino porque gozaba del derecho de elegir a las personas que conformarían los poderes ejecutivo y
legislativo. Una rápida prospección, basada en mis constataciones personales en diversos ambientes sociales de varios niveles de cultura general y política, me indicó que tal vez sólo uno entre diez mil sabía que votaba ejercitando el supremo principio de la democracia, consistente en que son los ciudadanos los titulares del poder de decidir quiénes habrán de gobernarlos y de que, siendo todos iguales ante la ley, cada uno sólo tiene un voto que debe emitir personalmente.
Como era de esperarse, en esas elecciones, Fujimori se hizo reelegir, no sólo por la acción de la mayor parte del Jurado Nacional de Elecciones que acataba su voluntad, sino por haber alcanzado el 74% de los votos válidos. (Toledo obtuvo el 25.7% y los votos nulos llegaron al 29.9%).
Esta reflexión me sirvió para agregar una página de gran importancia en mi libro mencionado, explicativo de la manera en que la burguesía había eliminado en la práctica la noción de la igualdad de los ciudadanos, proclamada por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789 e impuesto la manipulación del voto popular.
En un primer momento, la burguesía montó una parodia de elección democrática con el voto llamado censatario, concedido sólo a los hombres que pagaban cierta cantidad por impuestos, tenían propiedades de cierto valor y sabían leer y escribir. Las mujeres fueron excluidas de plano de este derecho. Los requisitos exigidos apartaban del sufragio a los ciudadanos de las clases trabajadoras y a la mayor parte de campesinos, artesanos, pequeños industriales y comerciantes y numerosos profesionales. Llegar a la votación universal les costó a los grandes grupos excluidos un siglo y medio de lucha, que comenzó en Inglaterra con el movimiento llamado cartista en la primera mitad del siglo XIX, apoyado por millones de trabajadores, y continuó con el sufragismo impulsado por un grupo de mujeres de las clases altas en Inglaterra, hacia fines del siglo XIX, para lograr el voto femenino. El sufragio universal se generalizó recién luego de terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Fue uno de los efectos del nuevo pacto social celebrado en los países que habían participado en la guerra. En el Perú, como en otros países de América Latina, conseguir el sufragio universal tomó más de medio siglo. En 1956 se concedió el voto a las mujeres (Ley 12391) y en 1979 a los analfabetos (Constitución de 1979). Sin embargo, el voto universal no ha dado como resultado la conformación de los órganos del Estado electivos por representantes de las clases trabajadoras que constituyen la mayoría social. La experiencia de innumerables votaciones en los países con estructura capitalista demuestra que son los representantes de las clases propietarias de los grandes medios de producción, numéricamente minoritarias, quienes arriban al control de los órganos del Estado. Sus ideólogos y estrategas han creado un sistema integral de control de las decisiones políticas de las grandes mayorías sociales que induce a numerosos trabajadores y otras personas de menores recursos económicos a conceder su voto a los candidatos de los partidos o grupos representantes de los intereses de las clases propietarias. En este sistema confluyen varios factores minuciosamente planeados y organizados. El primero es una deficiente educación de las mayorías sociales que modela su mente con elementos rudimentarios de cultura y comportamiento e impide su desarrollo; comienza con los niños en el nivel primario, sigue con los adolescentes en el nivel secundario, y remata en las universidades. Sobre la mente así modelada, con reducidos niveles de aptitud crítica y desprovista de inquietud por la lectura de libros, inciden luego los medios de comunicación social: periódicos vendidos a menos de su precio de costo (no los regalan porque los vendedores cobran un porcentaje de su precio al público), televisión gratuita o de bajo precio, radio gratis y ahora también en parte internet. En definitiva, la mayor parte de ciudadanos y ciudadanas actúa a través de reflejos creados por la percusión diaria de las noticias, comentarios, entrevistas, espectáculos, entretenimientos, modas, consejos, etc. propalados por los medios de comunicación, que van llenando y condicionando su mundo mental y los temas de su comunicación y conversación. Algunas personas, por lo general de las clases altas y media, cultivan con cierta pretendida exclusividad pedante la afección por la lectura, pero no se libran de acatar las preferencias recomendadas por los críticos de esos medios de prensa. Ningún aspecto de la información es descuidado por los estrategas del control de la mente.
De manera que cuando la inmensa mayoría de votantes concurre a las urnas, su decisión, que pareciera haber sido determinada por ellos, ha sido ya dictada por la propaganda y la publicidad de los grupos de gran poder económico. Los partidos y movimientos políticos contestatarios del sistema o dispuestos a practicar sólo algunas reformas inconvenientes para las clases propietarias carecen casi siempre de la posibilidad material de llegar con sus proyectos a la mente de esa mayoría, y si lo logran su impacto no será tan fuerte ni decisivo, porque esa mente ha sido predispuesta para ignorarlos o, en el mejor de los casos, para asimilar apenas los mensajes favorables a sus intereses y conveniencia. Tengo la impresión de que mutar tan deplorable situación de las grandes mayorías sociales, ayudarlas a liberarse de la manipulación educativa y mediática que las conduce, como multitudes de robots humanos, a preferir a los candidatos de los grupos que seguirán explotándolos, discriminándolos y tiranizándolos, requiere, en primer lugar, enfocar esa situación con la luz del conocimiento y de la denuncia. Cuantos más seamos los críticos del sistema, más posibilidades habrá de tener un número mayor de ciudadanos conscientes de su situación y dispuestos a promover su cambio. Si bien la Constitución actual, como las precedentes, hace obligatoria la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos (art. 14º) y la Ley General de Educación, 28044, repite esta obligatoriedad (art. 6º) hay mucha distancia entre la letra de ambos textos legales y la práctica de la enseñanza, a tal punto que el curso de educación cívica muestra una faz adventicia y prescindible, a contrapelo de la importancia de la formación que los futuros ciudadanos necesitan.
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