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Jorge Aliaga Cacho en Bulgaria |
Por Jorge Aliaga Cacho
Después de su independencia del poder colonial, las repúblicas 'latinoamericanas', recién formadas, atravesaron un período de decadencia temporal de la influencia exterior, pues las nuevas repúblicas se replegaron sobre sí mismas y las potencias expansionistas de Europa, que en el pasado estaban tan ansiosas por ganar este mercado, centraron su atención en lugares más lucrativos en África, India y Asia. En ese momento, Estados Unidos era un país que sufría las consecuencias de la guerra contra los ingleses y, por lo tanto, no podía representar una amenaza para las nuevas repúblicas 'latinoamericanas'. Además, su economía estaba subdesarrollada.
El presidente Washington tenía muchos contactos en México y el Caribe, pero no eran suficientes para rivalizar con el poderío naval inglés. Sin embargo, Estados Unidos se había convertido en un símbolo del éxito poscolonial para las élites criollas de 'América Latina', que estaban impresionadas por cómo una república podía surgir del colonialismo europeo. En 1823, Estados Unidos trató de afirmar su poder con la 'Doctrina Monroe', que inicialmente apuntaba a las posibles reclamaciones de la Rusia zarista sobre el noroeste americano. Mediante esta política, el presidente Monroe declaró: 'los continentes americanos, por la condición libre e independiente que han asumido y mantenido, de ahora en adelante no deben ser considerados como sujetos de colonización por ninguna potencia europea'. Más tarde, en un eslogan popular, el mensaje fue claro: 'América para los americanos'. Este mensaje produjo desprecio en Europa, preocupación en Gran Bretaña, simpatía en 'América Latina' y se volvió muy popular en Estados Unidos. Esta fue la línea seguida por Estados Unidos en sus relaciones con "América Latina" durante el siglo siguiente. Sin embargo, a principios del siglo XIX, Estados Unidos era económica y militarmente incapaz de hacer un impacto significativo en las nuevas repúblicas. Tal vez, Estados Unidos no tenía la voluntad política para lograr tal impacto.
Desde la década de 1820 hasta la de 1850, los británicos se hicieron cargo de los servicios financieros y comerciales de los países 'principales', concertando préstamos para los gobiernos y las compañías de valores de México, Brasil, Argentina y Perú. Francia organizó una breve expedición militar en 1838 a México, pero un acuerdo negociado hizo que los franceses se retiraran. Junto con los británicos, los franceses también bloquearon repetidamente los puertos del Río de la Plata entre 1838 y 1850. Los británicos ocuparon las Islas Malvinas en 1833. Estados Unidos invadió México en 1846-7 y, como resultado, México transfirió gran parte de su territorio al país del norte. La élite mexicana explicó su derrota por la supuesta superioridad de la raza anglosajona. Más tarde, siguió la segregación institucionalizada en los Estados Unidos, con las universidades e iglesias invadidas por profesores y predicadores que hablaban de la base científica para creer en razas 'inferiores' y 'superiores'.
Estas doctrinas racistas, traídas por los europeos, penetraron en los países de América Latina y se afianzaron cuando los españoles fueron aplastados por los yanquis en 1898. La toma de Puerto Rico y Cuba por los norteamericanos demostró que los temores de los latinoamericanos ante la amenaza del país del norte tenían una base sólida. Esto se demostró cuando los yanquis, para lograr sus objetivos económicos y políticos, dividieron a Colombia, creando un nuevo país. En este país recién creado construirían su canal transcontinental de Panamá, que se construyó entre 1904 y 1914.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña había perdido su supremacía en América Latina, donde otras potencias europeas, como Francia y Alemania, aumentaron su influencia económica. Pero el desafío más importante vino Estados Unidos que expandió su influencia hacia el sur, particularmente en Cuba donde hicieron inversiones de capital, incluso antes que conenzara la Guerra entre Espan̈a y Estados Unidos.
Otro país que atrajo la atención de los inversionistas estadounidenses fue México, donde encontraron en el gobierno de Porfirio Díaz un atractivo para la inversión y el comercio.
Más tarde, la entrada de Estados Unidos en la revuelta de Cuba contra España, en 1895, marcó una nueva etapa en las relaciones de Estados Unidos con 'América Latina'. Esta fue una lucha simbólica que impresionó a todo el subcontinente. Esta guerra fue una guerra entre patriotas cubanos y España que recibió la simpatía de otros países 'latinoamericanos'. Sin embargo, los yanquis tomaron el control de la rebelión de manera oportunista.
Entre 1897 y 1914, la inversión de los Estados Unidos en América Latina creció de manera sostenida, pasando de 304 millones de dólares en 1897 a 1.641 millones de dólares a fines de 1914. Esta cantidad representaba el 15% de la participación de la inversión en América Latina. En ese momento, Gran Bretaña seguía siendo el mayor inversor (51%), Francia poseía el 10%, Alemania el 3,8% y otros el 18,6%. (Fuente: Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina).
Esta nueva posición de Estados Unidos como inversor en 'América Latina' no los eximió de la opinión crítica de muchos intelectuales 'latinoamericanos' a quienes les disgustaban las interpretaciones 'positivas' de la Doctrina Monroe. Consideraban que lejos de proteger a las repúblicas 'latinoamericanas', la Doctrina Monroe les impedía desarrollar relaciones más estrechas con Europa. Uno de los primeros críticos fue el brasileño Eduardo Prado, quien en su libro "La ilusión americana", publicado por primera vez en 1903, afirmó que los principios de la doctrina 'habían servido a los Estados Unidos como un conveniente manto para la agresión en América Latina'. Argumentó que la anexión de Texas y la mutilación territorial de México son la evidencia de esa política.
Otro crítico fue el escritor argentino Manuel Ugarte, quien dirigió una carta pública al presidente Woodrow Wilson justo antes de su investidura como presidente de los Estados Unidos. En esta carta, el escritor argentino escribió: "las barras y estrellas dejan de ser un símbolo de opresión en el Nuevo Mundo", refiriéndose a la bandera de los Estados Unidos.
También escribió pidiendo a Estados Unidos que se abstuviera de intervenir oficiosamente en la política interna de los países 'latinoamericanos'. Otros intelectuales también levantaron protestas en otras repúblicas 'latinoamericanas': en Uruguay, José Enrique Rodó; en Nicaragua, Rubén Darío; en Cuba, José Martí; en Perú, José Santos Chocano; en Venezuela, Rufino Blanco Fombona; en México, Carlos Pereyra. Los 'latinoamericanos' estaban culturalmente unidos en la protesta más enconada al denunciar las aventuras imperialistas de los Estados Unidos.
En diciembre de 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt declaró que Estados Unidos se oponía a la intervención armada en "América Latina". Lo que Roosevelt estaba anunciando en realidad era un cambio de política que tuvo plena efectividad durante la presidencia de Hoover. Con esta medida, Estados Unidos trató de aclarar la "incomprensión" y el resentimiento causados por el abuso basado en la aplicación de la Doctrina Monroe. La política de Roosevelt era hacer del mantenimiento de la paz y el orden una preocupación colectiva de todas las repúblicas "latinoamericanas". Roosevelt inició la fase de "continentalización" que más tarde demostró su ineficacia cuando Estados Unidos decidió adoptar una acción unilateral, como había hecho en Guatemala, Cuba y la República Dominicana. Más tarde, el presidente Johnson hizo referencia a la Doctrina Monroe para respaldar su intervención en la República Dominicana. Esta acción era contraria a la declaración del presidente Roosevelt y representa la continuación de la Doctrina Monroe como política nacional de Estados Unidos en sus relaciones con "América Latina".
Entre 1901 y 1917, Estados Unidos instituyó gradualmente un sistema de 'protectorados' en el Caribe. El argumento que sustentaba esa acción era la teoría de que la seguridad de Estados Unidos exigía el control de zonas que otras potencias pudieran utilizar como puntos de apoyo en el hemisferio occidental. Esta teoría se puso en práctica mediante la intervención unilateral. Cuba, Panamá, Nicaragua, Haití y la República Dominicana fueron los principales países que experimentaron la intervención norteamericana y se convirtieron en un momento u otro en verdaderos 'protectorados'.
México también sufrió la injerencia de Estados Unidos, pero de otro tipo. Según Federico G. Gil, de la Universidad de Carolina del Norte, la injerencia en México fue resultado del "paternalismo idealista pero miope de Woodrow Wilson". Siguiendo su política de reconocer sólo "gobiernos constitucionales", Wilson se negó a reconocer al gobierno de Victoriano Huerta cuando llegó al poder después del asesinato de su predecesor Francisco Madero.
Después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña decayó rápidamente como la fuerza económica más importante del hemisferio. La costosa guerra en la que se vio involucrada la obligó a recurrir a sus inversiones en el exterior para financiarla. Gran Bretaña también había comenzado a experimentar un declive a largo plazo de su competitividad económica mundial.
En cambio, Estados Unidos poseía una economía dinámica, basada en un continente repleto de recursos y estaba en una posición que le permitía convertirse en un exportador neto de capital. La decisiva intervención de Estados Unidos en la guerra demostró que ahora tenía el equilibrio del poder económico y militar. Estados Unidos presionó con fuerza para utilizar la guerra para fortalecer su influencia política en 'América Latina', pero con resultados diversos. Brasil, Cuba, Costa Rica, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Panamá declararon la guerra a Alemania. Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Perú y Uruguay rompieron relaciones diplomáticas con el gobierno alemán, mientras que Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, El Salvador y Venezuela permanecieron neutrales durante el conflicto. Sin embargo, al finalizar la Primera Guerra Mundial, el poder y la influencia de Estados Unidos en "América Latina" estaban claramente en aumento. Estados Unidos ahora disfrutaba de hegemonía en el Caribe, como se podía ver en las ocupaciones militares de Nicaragua (1927-1933), Haití (1914-1934), la República Dominicana (1916-1924) y Cuba (1917-1923). Cuando Estados Unidos no ocupaba estos países, influía en su desarrollo utilizando el poder de veto contra su política interna.
Sin embargo, hubieron dos excepciones: México y Cuba. La Revolución mexicana de 1910 intentó cambiar la relación de México con Estados Unidos. Los yanquis se sintieron perturbados y enviaron la columna del general Pershing en 1916 a perseguir a los irregulares de Pancho Villa. Dos años antes, Estados Unidos había ordenado un desembarco militar en Veracruz. En Cuba, en 1902, tras poner fin a una ocupación militar, Estados Unidos procedió a establecer un protectorado. Esta presencia yanqui generó una reacción nacionalista, encabezada por los estudiantes de la Universidad de La Habana. En 1930, la opinión política de este sector pasó a ocupar un lugar central en la política cubana.
Cuando se produjo la depresión mundial, América Latina se vio profundamente afectada. La región no recibió nuevos flujos de capital y los inversores extranjeros tuvieron dificultades para repatriar sus beneficios. Después de la depresión, los países latinoamericanos declararon moratorias unilaterales sobre sus deudas y dependían de la demanda de sus productos primarios para obtener ingresos en divisas. La depresión había reducido la demanda de productos primarios, de modo que ya no se podía esperar una afluencia neta de capital. Los países 'latinoamericanos' tenían ahora el gran problema de la falta de divisas para pagar las importaciones esenciales para el desarrollo económico interno y, en particular, la industrialización. La respuesta a la crisis fue un aumento del nacionalismo. Argentina, Brasil y México aumentaron el control nacional sobre la industria petrolera. En 1938, el presidente mexicano Lázaro Cárdenas nacionalizó todas las empresas petroleras extranjeras. Durante las primeras tres décadas de este siglo, muchas de las políticas de Estados Unidos en Cuba, República Dominicana, Haití, Nicaragua y México, causaron indignación no sólo entre los pueblos afectados por la dominación impuesta por Estados Unidos sino también entre otras naciones de 'América Latina'.
La intervención de los Estados Unidos en Cuba bajo la Enmienda Platt, que se añadió a la Constitución cubana y luego se convirtió en un tratado permanente en 1903, fue la base de las relaciones entre los dos países hasta 1934.
Los dos tratados encontraron oposición desde su introducción. Los artículos 3 y 7 de la Enmienda Platt fueron los que, a nuestro juicio, eran los más reprensibles. Según el artículo 3 de la enmienda, Cuba debía permitir a los Estados Unidos intervenir para la preservación de la independencia cubana y para el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de la vida, la propiedad y la propiedad individual, y el artículo 7 estipulaba que Cuba debía vender o dejar a los Estados Unidos 'tierras necesarias para estaciones de carbón o navales'. De acuerdo con este último, se construyó una gran base naval en la bahía de Guantánamo, en el extremo sudoriental de la isla. La Convención cubana, comprensiblemente, rechazó, al principio, los términos de la Enmienda Platt, pero estaba completamente convencida de que no había otra opción que aceptar estas demandas si se establecía un gobierno constitucional cubano. La Convención las aceptó a regañadientes por una votación muy reñida.
Los Estados Unidos intervinieron en la República Dominicana financiera y políticamente desde la separación de la república de Haití en 1844. Esta interferencia financiera y política condujo a una intervención armada en 1916 cuando en abril de ese año el presidente Jiménez enfrentó una nueva insurrección. A pesar de que Jiménez declinó el apoyo militar estadounidense, el 4 de mayo los acorazados de United Suses entraron en el puerto de Santo Domingo y desembarcaron una gran fuerza de marines. El mismo año, el presidente Wilson, con el argumento de que la República Dominicana había aumentado su límite de deuda en violación de un tratado firmado con los Estados Unidos en 1907, ordenó la ocupación militar de todo el país, suspendió el Congreso dominicano y nombró al capitán Н.S. Кnapp, comandante de las fuerzas navales de los Estados Unidos, en calidad de gobernador. Este gobierno militar duró ocho años. El progreso financiero que disfrutó la República Dominicana durante este período no disminuyó la oposición dominicana al control extranjero. El descontento dominicano, combinado con las protestas de toda 'América Latina' y una fuerte presión política en el país, llevó al presidente Wilson en 1920 a planificar la retirada de las fuerzas de los Estados Unidos. En 1924 se celebraron elecciones en la República Dominicana, y Horacio Vásquez asumió la presidencia; poco después se retiraron las tropas de Estados Unidos.
Un nuevo tratado firmado entre la República Dominicana y los Estados Unidos dejó a los norteamericanos en posesión de todos los controles fiscales que habían ejercido desde 1907, y el gobierno dominicano se comprometió a no aumentar su deuda pública sin el consentimiento de los Estados Unidos. Los ocho largos años de intervención norteamericana no tuvieron ningún valor constructivo en la República Dominicana. La agresión dejó mala voluntad en toda América Latina. En 1930, Rafael Trujillo se convirtió en Presidente de la República Dominicana y continuó en el poder durante treinta años. La suya fue una de las dictaduras más sangrientas que han conocido los latinoamericanos y contó con el pleno apoyo de los Estados Unidos hasta que Trujillo se convirtió, más tarde, en un elemento perturbador en las relaciones entre los Estados Unidos y 'América Latina'.
En Haití, la política de Estados Unidos también dejó su impronta de abusos cuando en 1915 invadió el país y se apoderó de Puerto Príncipe tras el asesinato del presidente haitiano Vilbrun Guillaume Sam, quien antes de morir había ordenado una masacre de 167 prisioneros políticos. El siguiente paso de Estados Unidos fue instalar un presidente dispuesto a aceptar los términos propuestos por el gobierno de Estados Unidos, que esperaba que se le confiara el control práctico de todos los asuntos fiscales. Los planes de Estados Unidos para Haití iban mucho más allá que la Enmienda Platt para Cuba, o el tratado de la República Dominicana de 1907, al conceder el control a Estados Unidos.
El descontento de los haitianos con la ocupación norteamericana estalló en revueltas esporádicas. La revuelta de los cacoreos se saldó con la pérdida de unas 2.000 vidas. Se formularon acusaciones de crueldad contra las tropas de los Estados Unidos y dieron lugar a una investigación del Senado en Washington. El comité investigador del Senado absolvió a las autoridades estadounidenses, pero deploró la falta de 'una política constructiva definida en Haití' y recomendó que se hicieran mayores esfuerzos para mejorar las condiciones del pueblo haitiano.
La ira y el resentimiento haitianos hacia el gobierno extranjero se demostraron en huelgas y manifestaciones estudiantiles y esporádicos ataques a los marines.
En diciembre de 1929, un violento enfrentamiento entre las tropas de los marines llevó al presidente Herbert Hoover a enviar una comisión especial a Haití encargada de hacer recomendaciones sobre los procedimientos para retirar las tropas de los Estados Unidos. En 1934, después de muchas negociaciones, se decidió retirar a los marines y liquidar el protectorado haitiano.
La relación entre Estados Unidos y Nicaragua, la mayor de las cinco repúblicas centroamericanas, ha sido de singular importancia debido al potencial de Nicaragua como sitio deseable para la futura construcción de otro canal interoceánico. De la misma manera que sucedió en Haití y la República Dominicana, los norteamericanos pasaron del control financiero a la intervención armada. En 1912, el presidente Díaz solicitó ayuda a Estados Unidos para mantenerse en el poder. El presidente Taft envió inmediatamente ocho buques de guerra estadounidenses y más de 2000 marines desembarcaron en puntos estratégicos.
En 1914, se firmó el tratado Bryan-Chamorro. A cambio de 3 millones de dólares que se destinarían a la reducción de la deuda de Nicaragua, este tratado otorgaba a los Estados Unidos lo siguiente: (1) derechos exclusivos y perpetuos para construir un canal interoceánico a través de Nicaragua; (2) el control mediante arrendamiento por noventa y nueve años de las islas Great Corn y Little Corn en el Caribe; (3) un derecho de noventa y nueve años para establecer una base naval en territorio nicaragüense en el Golfo de Fonseca; y (4) la opción de renovar tanto el arrendamiento como el derecho por otros noventa y nueve años. Costa Rica, El Salvador y Honduras protestaron por este tratado y llevaron su reclamación a la Corte de Justicia de Centroamérica, donde obtuvieron un veredicto en contra de Nicaragua. Sin embargo, los Estados Unidos hicieron caso omiso de la decisión de la Corte, a la que se le había otorgado la autoridad para tomar decisiones finales y vinculantes. La Corte Centroamericana de Justicia, creada en 1907, fue disuelta en 1918. Era evidente que Estados Unidos no estaba dispuesto a aceptar el principio de solución judicial de las disputas, que tan enérgicamente recomendaba para otros, si el veredicto parecía contrario a sus propios objetivos políticos.
El Tratado Bryan-Chamorro también encontró posteriormente oposición dentro de los Estados Unidos y no fue ratificado hasta 1916.
Después de una crisis política, Nicaragua llegó a las elecciones de 1924, que también se caracterizaron por el fraude, y dieron como resultado la elección de Carlos Solórzano, un conservador, sobre su oponente Emiliano Chamorro, también conservador. En 1925, sólo tres meses después de que se había retirado la guardia de la legación de la marina de los Estados Unidos, Solórzano fue depuesto y obligado, junto con el vicepresidente Sacasa, a abandonar el país. Sacasa se dirigió a México para preparar una expedición contra Chamorro. Estados Unidos se puso del lado de la facción de Chamorro y Díaz. Posteriormente Díaz se convirtió en presidente y Estados Unidos rápidamente extendió el reconocimiento a su gobierno y ayudó levantando el embargo de armas impuesto a Nicaragua. La revuelta de Sacasa trajo de regreso a los marines en 1927. El mismo año, el acuerdo conocido como la Paz de Tipitapa fue firmado por las dos facciones nicaragüenses contendientes. El acuerdo estableció la supervisión de los Estados Unidos para las próximas elecciones presidenciales, y el establecimiento de una guardia nacional por marines americanos.
El líder del ejército revolucionario Augusto César Sandino se negó a aceptar el acuerdo de paz y a desmantelar sus tropas. Sandino llevó sus tropas a las montañas e inició una guerra de guerrillas contra los 5.000 marines norteamericanos. Las tropas de Sandino lucharon contra los yanquis durante cuatro años. Sandino juró luchar hasta que el último marine saliera de Nicaragua y presentó un programa de reformas sociales para el país.
En 1931, el Secretario de Estado Stimson anunció la intención de los Estados Unidos de retirar sus fuerzas después de las elecciones de 1932. Sacasa fue elegido Presidente de Nicaragua y después de que el último marine abandonara el país, Sandino hizo las paces con Sacasa. El 21 de febrero de 1934, después de una cena con Sacasa, Augusto César Sandino fue asesinado en las escaleras del palacio presidencial por miembros de la guardia nacional, casi con certeza actuando en nombre de la Guardia Nacional entrenada por Anastasio Somoza quien fue, a su vez, entrenado por Estados Unidos; y que en 1936 instituyó una tiranía corrupta que terminó 30 años después con su asesinato.
Las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos se centran principalmente en los diferentes problemas causados por las diferentes interpretaciones del tratado Hay-Bunau-Varilla de 1903. Según ese tratado, los Estados Unidos podrían ejercer una profunda influencia tanto en los asuntos internos como en los asuntos exteriores de Panamá. Desde el momento de la ratificación del tratado, ha continuado el desacuerdo sobre la naturaleza exacta de los derechos de los Estados Unidos, y Panamá ha exigido constantemente que la soberanía sobre la Zona del Canal sea ejercida conjuntamente por los dos países. En 1936, Panamá y los Estados Unidos firmaron otro tratado (revisión). Sin embargo, el Senado de los Estados Unidos tardó tres años en ratificarlo. Este nuevo tratado eliminó los derechos de intervención de los norteamericanos, poniendo así fin al protectorado panameño. Una cláusula estipulaba que en caso de amenaza de agresión, Panamá y los Estados Unidos consultarían sobre las medidas que se debían adoptar para proteger el canal. El Senado de los Estados Unidos sólo ratificó el tratado cuando, en un intercambio de notas con Panamá, los norteamericanos dejaron en claro que, en caso de emergencia, se permitiría a los Estados Unidos actuar primero y consultar después. Más tarde vinieron más revisiones del tratado. En 1955, los norteamericanos acordaron aumentar la anualidad del canal de $ 430.000 a $ 1.930.000 y se otorgaron más concesiones para aplacar el nacionalismo panameño. La diferencia salarial entre los trabajadores norteamericanos y panameños en la Zona del Canal, que durante tanto tiempo había herido el orgullo panameño, finalmente fue abolida. Después de este acuerdo, los Estados Unidos retrasaron durante dos años su implementación. Las manifestaciones estudiantiles, los ataques contra la embajada norteamericana y los intentos de la turba de invadir la Zona del Canal continuaron durante 1959-1960.
En 1960, el presidente Eisenhower anunció un programa de nueve puntos que otorgaba "concesiones" adicionales: mejoras en los salarios, oportunidades de empleo, vivienda, permiso para exhibir su bandera nacional en ciertas secciones del Canal de Panamá y la oposición del Congreso a la bandera de 1955. Todo esto no logró convencer a los panameños, quienes insistieron en que su bandera ondeara en todas partes del Canal de Panamá y en los barcos que atravesaran el canal. En 1962, el presidente panameño Roberto Chian y el presidente John F. Kennedy acordaron establecer una comisión conjunta para detectar puntos de fricción, pero esta se disolvió en julio de 1963.
Cuando el presidente Johnson estaba en el poder, se estaba gestando una tormenta de graves proporciones en las relaciones entre Estados Unidos y Panamá. Poco después de que asumiera el cargo, algunos norteamericanos izaron la bandera estadounidense en una escuela secundaria de la Zona del Canal, lo que desencadenó disturbios en la zona y sus alrededores. Veinticuatro personas murieron, incluidos cuatro norteamericanos, y doscientas resultaron heridas. Debido a esta acción, el presidente panameño Roberto Chiari acusó a los Estados Unidos de agresión y solicitó a la Organización de los Estados Americanos y a las Naciones Unidas que investigaran. Panamá suspendió las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y dejó en claro que el precio por restablecer las relaciones sería una consideración completa del tratado del canal.
En 1967, después de dos años de frustrantes discusiones, la administración Johnson, en una declaración conjunta con el presidente panameño Marco Robles, anunció el acuerdo sobre tres nuevos tratados. El más importante de ellos era uno que daría a Panamá nuevos derechos sobre el canal existente. Estados Unidos reconocería la soberanía panameña sobre la Zona del Caribe. Diez años después, en 1977, el Senado de Estados Unidos inició negociaciones para revisar el desigual tratado que condujo a la firma de un nuevo tratado por Omar Torrijos y Jimmy Carter que establecía la entrega del canal el 31 de diciembre de 1999. El 20 de diciembre de 1989, los yanquis volvieron a intervenir en los asuntos panameños. Tras el fracaso de dos intentos de golpe de Estado, el primero en marzo de 1988 y el segundo el 3 de octubre de 1989, los norteamericanos invadieron el país con 26.000 tropas e instalaron a Endonu, un títere presidente de Panamá. Más tarde, el 3 de enero de 1990 El presidente Noriega se rindió y al día siguiente fue arrestado en Miami por cargos de drogas. Esta fue la vigésima intervención norteamericana en Panamá.
El artículo 18 de la Carta de Origen de los Estados Americanos establece que "Ningún grupo de Estados tiene derecho, directa o indirectamente, por cualquier razón, en los asuntos internos o externos de cualquier Estado. El artículo 20 de la misma carta establece que El territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto, ni siquiera imperativamente, de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza ejercidas por otro Estado, directa o indirectamente, por cualquier motivo que fuere. Los norteamericanos, es claro, violaron una vez más tanto el derecho internacional como los valores civilizados.
Me gustaría recordar el período en que estalló la Segunda Guerra Mundial para señalar cómo esta guerra sacó a la economía de Estados Unidos de la depresión y la llevó a una efervescencia industrial masiva. Este hecho hizo que los políticos latinoamericanos esperaran que el nuevo interés de Estados Unidos en América Latina diera resultado, especialmente los obstáculos al crecimiento económico. Sin embargo, Estados Unidos nunca desarrolló su interés en América Latina, sino que se concentró en reconstruir Europa y Japón.
El presidente Truman (1945-53) y el Congreso norteamericano, junto con los líderes empresariales, pensaban que una Europa económicamente sólida era esencial para la prosperidad de los Estados Unidos. En 1947, el Plan Marshall apeló a la opinión pública estadounidense por razones humanitarias y económicas, lo que ayudó a atraer la atención hacia europa. Skidmore y Smith, en su libro "Modem Latin America", sostienen que los especialistas en América Latina del Departamento de Estado y de los servicios militares se vieron degradados o amansados. La administración Truman aparentemente asumió que seguiría recibiendo el apoyo leal de los 'latinoamericanos', casi como algo normal.
Cuando en 1947 las relaciones de Estados Unidos con la Unión Soviética comenzaron a enfriarse, EE.UU. decidió organizar una avanzada de la guerra fría en 'América Latina'. La ofensiva incluyó, primero, la presión a los gobiernos del contiente para que pusieran fuera de la ley a sus partidos comunistas locales, tuvo éxito gracias a la actitud receptiva de las élites políticas 'latinoamericanas'. Sin embargo, cuando México, Argentina y Uruguay no siguieron la dirección de Estados Unidos, otros países 'latinoamericanos' siguieron su ejemplo. La administración Truman también quería hacer más permanente la alianza militar creada durante la guerra, lo que se hizo efectivo en 1947, cuando una delegación aprobó un tratado, el Pacto de Río.
En 1948, en Bogotá, Colombia, se creó la Organización de los Estados Americanos, OEA, cuya estructura incluía una carta jurídica que creaba un consejo para tratar los asuntos cotidianos, conferencias interamericanas cada cinco años y reuniones consultivas de ministros de relaciones exteriores para discutir los problemas del hemisferio.
La Organización de Estados Americanos se comprometió a respetar la 'solidaridad' continental, que ellos proponían, y la total no intervención, que deseaban los 'latinoamericanos', junto con los principios de democracia, cooperación económica, justicia social y derechos humanos. Las expectativas de los Estados 'latinoamericanos' respecto de la asociación estaban bien fundadas, pero desafortunadamente no se cumplieron.
Mientras tanto, Estados Unidos estaba introduciendo su programa de Seguridad Militar de 1949, originalmente dirigido a Europa. De 1952 a 1954, Estados Unidos firmó pactos bilaterales de asistencia mutua con diez países latinoamericanos: Ecuador, Cuba, Colombia, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, Uruguay, Nicaragua y Honduras. Estos acuerdos permitirían a Estados Unidos intercambiar equipo y servicios militares a cambio de que las empresas 'latinoamericanas' expandieran sus capacidades de defensa, enviaran materiales estratégicos a Estados Unidos y restringieran el comercio con el bloque soviético. La década de los cincuenta dio a Estados Unidos la oportunidad de aprovechar su prestigio bélico para expandir y consolidar su influencia.
Los oficiales militares 'latinoamericanos' participaron en programas de entrenamiento y participaron en ejercicios mediante los cuales Estados Unidos asegyró su objetivo antisoviético.
La Unión Soviética también cosechó un gran prestigio durante la guerra. En particular, el sacrificio de veinte millones de soviéticos fue reconocido por los pueblos 'latinoamericanos'. En 1946, el Partido Comunista Brasileño obtuvo el 10% de los votos en las elecciones presidenciales. En Chile, tres miembros del gabinete chileno eran comunistas, al igual que miembros del congreso nacional en Cuba, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Costa Rica. Si en la década de los treinta el enfrentamiento era entre el fascismo y el corporativismo, contra el liberalismo económico y político; en la década de los cincuenta, el enfrentamiento, era entre el nacionalismo radical y el marxismo contra el neoliberalismo y una posición intermedia que Skidmore y Smith, en su libro "América Latina moderna", llaman desarrollismo reformista.
El año 1959 trajo consigo el triunfo de Fidel Castro sobre el régimen de Batista. En los años sesenta, Estados Unidos introdujo un cambio de política hacia 'América Latina'. La administración de Kennedy y la posterior formación de la Alianza para el Progreso constituyeron un importante punto de inflexión en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y 'América Latina'. En ese momento, los norteamericanos parecen empezar por fin a introducir soluciones radicales y rápidas a las desigualdades sociales y económicas. Sin duda, la Revolución cubana hizo que los estadounidenses rompieran el molde de la forma en que se había diseñado su política exterior para 'América Latina'. La respuesta de Estados Unidos al desafío soviético se plasmó en la Alianza para el Progreso.
En 1961, el Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de los Estados Americanos convocó a representantes de las repúblicas americanas a una reunión en Punta del Este, de donde surgió un importante documento que establecía los siguientes objetivos:
(1) El desarrollo y fortalecimiento de las instituciones democráticas.
(2) La aceleración del desarrollo económico y social.
(3) La abolición del analfabetismo.
(4) La garantía de salarios justos y buenas condiciones de trabajo.
(5) La promoción de la salud.
(6) Leyes de reforma tributaria y agraria.
(7) La reducción de la inflación y la introducción de la estabilidad fiscal.
(8) Fomento de la empresa privada.
Sin embargo, el papel menor de los Estados Unidos en el logro de las metas mencionadas se ilustra por el hecho de que en 1968 los países 'latinoamericanos' representaban casi el 90% de la inversión total en el desarrollo de la región y la asistencia de los Estados Unidos, principalmente en forma de préstamos, representaba sólo el 6,7% del total de 115 mil millones de dólares que América Latina ha invertido en el desarrollo de la región. Otros recursos externos, incluida la inversión privada, representaban el 5,3%. La mayor parte del financiamiento externo recibido por 'América Latina' fue en forma de préstamos reembolsables, no de donaciones directas. Según el Comité Interamericano para la Alianza para el Progreso, en 1968 los Estados Unidos habían desembolsado 5.800 millones de dólares y América Latina había reembolsado 2.800 millones de dólares, de modo que los créditos de los Estados Unidos totalizaban aproximadamente 3.000 millones de dólares.
Una de las metas principales que la Alianza para el Progreso estableció en la Declaración de Punta del Este fue un aumento anual del 2,5% en el producto nacional bruto combinado de los países miembros de América Latina. Sin embargo, un informe de 1969 de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) informó al Congreso que en los primeros siete años de la alianza el aumento promedio del producto nacional combinado de los países miembros mostró una cifra del 4,5%. Pero en términos per cápita, este fue un aumento de sólo el 1,5%. El informe atribuyó este resultado a las tasas de natalidad asombrosamente altas en esos países. Un estudio publicado por la
Comisión para América Latina (CEPAL), en 1967 mostró pocos cambios con respecto a 1960. Según ese informe, en países como Argentina, Brasil y México el 10% más rico de la población recibía el 40% del ingreso, y el 40% más pobre recibía sólo entre el 10% y el 14% del ingreso total de esos países.
En la década de los sesenta, Estados Unidos también participó en el derrocamiento del gobierno de Brasil en 1964, cuando João Goulart asumió la presidencia tras la dimisión de Janio Quadros. Goulart era bien conocido por su amistad con los sindicatos y por sus opiniones socialistas, aunque criticaba a Fidel Castro y hablaba en términos moderados sobre sus planes para Brasil. Parecía probable que introdujera programas socialistas para la economía brasileña. En efecto, el 13 de marzo de 1964 el presidente brasileño anunció la nacionalización de cinco refinerías privadas de petróleo y también pidió la expropiación de tierras ociosas y 'subutilizadas' cercanas a las carreteras federales. Washington hizo saber que no se opondría a la destitución de Goulart y mostró cierta disposición a enviar algunas tropas a Brasil. Finalmente, Estados Unidos colaboró con los militares brasileños cuando tomaron el poder.
Los objetivos de la Alianza para el Progreso, establecidos en 1961, debían cumplirse diez años después. En 1968, los administradores estadounidenses del programa ampliaron el plazo a dieciocho años. En 1969, la Alianza para el Progreso fue objeto de una revisión seria y de posibles cambios importantes. El lento desarrollo económico y social de América Latina fue sin duda una de las principales razones de dicha revisión.
En 1970, Nixon se convirtió en el primer presidente norteamericano que tuvo que tratar con un jefe de Estado marxista electo en América Latina. La elección de Salvador Allende como presidente de Chile fue una prueba para unos Estados Unidos públicamente comprometidos con la reforma social y también opuestos a los movimientos de izquierda. Sin embargo, Nixon ordenó a la CIA que llevara a cabo un plan para derrocar al gobierno chileno. Se gastaron más de 10 millones de dólares en subsidios a la prensa anti-Allende y a los grupos de posición, incluyendo a varios huelguistas.
Los años setenta fueron también un período en el que Estados Unidos inició acciones para desestabilizar a los gobiernos militares nacionalistas en Perú (Juan Velasco), en Bolivia (Juan José Torres) y en Panamá (Omar Torrijos). Con todos estos países, y especialmente con Perú, Estados Unidos adoptó una posición de fuerza, tratando de no antagonizar ninguna acción militar que pudiera radicalizar a las fuerzas nacionalistas. El verdadero objetivo, tal vez, era impedir que los militares progresistas se acercaran al bloque soviético.
El gobierno de Juan Velasco en Perú (1968-75) inició la nacionalización de la Compañía Internacional de Petróleo, seguida por la nacionalización de otras empresas norteamericanas en los sectores minero, agrícola, de comunicaciones y financiero. El conflicto entre Perú y Estados Unidos se agravó cuando Perú declaró soberanía sobre 200 millas de territorio marítimo. La respuesta de la administración norteamericana a esta acción peruana fue la suspensión de la ayuda militar al Perú, que en represalia expulsó a todas las misiones militares norteamericanas y declaró 'inoportuna' la visita programada de Rockefeller al Perú.
Madalengiotia en el libro ''Continuidad y Cambio en las Relaciones América Latina-Estados Unidos'', compilado por Mónica Hirst, sostiene que el gobierno de Juan Velasco en Perú optó por una diplomacia multilateral y activa que potenció su capacidad de negociación. Esta política, sostiene Madalengiotia, estaba en oposición a la política tradicional peruana que estaba alineada con la política de Estados Unidos. El gobierno de Juan Velasco inició negociaciones multilaterales con los países capitalistas avanzados, los socialistas y los países de Asia, África y América Latina.
Sin embargo, esta presencia internacional del Perú no es aislada. Es evidente que se inscribe en una preocupación global por la recomposición del sistema internacional, particularmente en la región latinoamericana. México, Panamá, Chile, Bolivia y Venezuela fueron expresiones nacionalistas de esta preocupación. El triunfo de la revolución nicaragüense en 1979, continuación natural de los esfuerzos de Sandino, es la culminación de esa preocupación en una turbulenta década.
La década de 1980, en nuestra opinión, es un claro ejemplo de la incapacidad de Estados Unidos para reconocer la complejidad de los países 'latinoamericanos'. Cada país tiene su agenda particular: en Brasil la prioridad es comercial, en Chile política, en México sus enormes fronteras con Estados Unidos dominan la agenda mientras que en Argentina un factor importante es el problema de Las Malvinas. Dicho esto, hay un punto unificador común en todas las agendas 'latinoamericanas', a saber, la deuda internacional.
En conclusión, se ha sugerido que existen cuatro etapas en las relaciones de Estados Unidos y América Latina:
Etapa 1 (1819-1880)
Ampliación territorial
Etapa II (1880-1932)
Inversiones y protectorados
Etapa III (1932-72)
Buena vecindad y ayuda económica.
Etapa IV (Desde 1972).
Disminución de la influencia, diversificación.
Sugiero que las luchas revolucionarias en El Salvador, Guatemala, los Perú, Colombia y la resistencia de Cuba podrían proporcionar el marco de una quinta etapa, el abandono del diálogo reformista y la inauguración de un nuevo orden en la región basado en la dignidad y el respeto mutuo para todos los 'latinoamericanos'.
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"Ensayos de resistencia", de Jorge Aliaga Cacho, fue escrito en la Universidad de Glasgow con motivo de cumplirse 500 años del 'descubrimiento' de América.