El 9 de octubre de 1968 el Ejército tomó las instalaciones de la Brea y Pariñas en manos de la International Petroleum Company (IPC), empresa de propiedad del magnate Nelson Rockefeller, que había explotado los yacimientos de forma fraudulenta, evadiendo millones de soles al fisco.
Ese día el gobierno del general Juan Velasco Alvarado nacionalizó la IPC, terminando con una ominosa historia plagada de episodios como la pérdida de la página 11, denunciada por el presidente de la Empresa Petrolera Fiscal, Carlos Loret de Mola, quien acusó al gobierno de Fernando Belaunde de coludirse con la empresa norteamericana para firmar un nuevo contrato lesivo, que bajo el pretexto de la “nacionalización”, establecía el pago de precios irrisorios por el petróleo peruano. Un caso similar al que ocurre hoy con el gas.
Pero el nuevo contrato no decía nada de la refinería de Talara ni del complejo industrial, que quedaban en manos de la empresa de Rockefeller. Tampoco decía nada de los impuestos que adeudaba la empresa desde el año 1924. Todo ello había precipitado el golpe del 3 de octubre de 1968.
A escasos seis días del desalojo de Belaunde del poder, el general Velasco Alvarado anunció la toma de Talara, con lo que provocó la reacción inmediata de funcionarios vinculados a la transnacional. Entre ellos se contaban Carlos Rodríguez Pastor, gerente general del Banco Central de Reserva, y Pedro Pablo Kuczynski, uno de los gerentes de la entidad bancaria.
PPK había sido colocado en el BCR gracias al padrinazgo de instituciones extranjeras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, controlados por Estados Unidos, los que presionaron al gobierno de Belaunde para obtener su nombramiento como gerente del instituto emisor. Para entonces, la IPC digitaba los fondos del Estado, mientras el fantasma de la inflación se cernía sobre los bolsillos de los peruanos.
Tras la nacionalización, venía la disputa por la devolución de los impuestos que la empresa se había negado a pagar por la explotación de 1,263 pozos petroleros desde el año 1924, cuando los campos de Talara fueron entregados por Augusto B. Leguía, tras haber asumido la IPC los derechos de concesión de la London Pacific Petroleum.
Desde su instalación, la IPC se negó a pagar el canon de la producción y otros impuestos establecidos por la Ley 4452, del 2 de enero de 1922, aduciendo que el denominado Laudo Arbitral de París, de 1922, la exoneraba de esos pagos. Velasco valorizó el adeudo de esos tributos en 700 millones de dólares de la época.
Pero en medio de la turbulencia generada por el proceso revolucionario y gracias a sus testaferros, la IPC logró que el BCR le devuelva impuestos cobrados supuestamente en forma indebida, por 17 millones de dólares de la época, que hoy ascenderían a unos 105 millones de dólares, suma que fue derivada a su filial de Nueva York, gracias a la intervención directa de Rodríguez Pastor y el famoso PPK, quienes autorizaron la transferencia.
Tras conocerse los hechos, Kuczynski, Rodríguez Pastor y otros cómplices fueron denunciados por sus actos en favor de la IPC y en contra de los intereses del Perú. Para evadir a la justicia, PPK huyó del país a través de la frontera con Ecuador, escondido en la maletera de un auto adecuadamente acondicionado para el efecto.
El informe de la Comisión Carbonell (presidida por el almirante Alfonso Carbonell) estableció la responsabilidad penal de ambos funcionarios. El pago le costó el puesto al ministro de Economía, el general EP Juan Valdivia.
Ya en los Estados Unidos, Kuczynski fue premiado con un puesto como jefe de Planificación y Política en el Banco Mundial. Pero su decisión sirvió para que los enemigos del gobierno acusaran al general Velasco de haberle pagado a la transnacional, iniciando una serie de campañas con el objeto de derrocarlo.
Entretanto, PPK fungía de presidente del First Boston International y de director del First Boston Corporation. Y su suegro, William Casey, el jefe de la CIA, armaba una serie de complots contra el gobierno de Velasco, acciones que concluirían con el golpe de Francisco Morales Bermúdez, en 1975, tras una serie de atentados contra los personajes más destacados del régimen velasquista.
En Estados Unidos, PPK adoptó años más tarde la ciudadanía norteamericana, renunciando de ese modo a su nacionalidad peruana para ser director de un banco de ese país. No le importó que la Constitución de 1979, vigente entonces, estableciera claramente que la obtención de la doble nacionalidad, con excepción de la de España, concluía con la pérdida de la peruana. PPK ya se sentía un norteamericano.
