Por Jorge Aliaga Cacho
La causa y consecuencias de la desigualdad en el Perú, no puede entenderse sin observar el desarrollo histórico de la misma, porque la desigualdad es un fenómeno enraizado en nuestra historia pre-hispánica. Desigualdad que se agudiza tras la llegada de los españoles al Tawantinsuyu en el siglo XVI.
Allí, es cuando empieza la marginación indígena. Este esquema, se repite en el Perù republicano. En la república se centraliza el poder polìtico en una élite de la capital que, a su vez, profundiza la discriminación contra la población indígena, y monopoliza el poder en la capital del paìs.
En la actualidad, los gobiernos manifiestan que ha habido un grado de mejoría en la situación de los grupos tradicionalmente marginados del país, y que señal de ello se refleja en una disminución de la tasa de pobreza del 50% de hace catorce años al 30% en el 2023. Sin embargo, esto ha sido acompañado por la permanencia de desigualdad en los ingresos de los hombres y mujeres del país. Por ello, es imperativo superar los efectos dañinos del legado histórico del Perú, pues, a pesar de haberse realizado algunas variantes de corte cosmético, el ingreso per cápita permanece distribuido de manera desigual. El país aún registra un coeficiente del Gini, la medida de la desigualdad, donde vemos que 1 es totalmente desigual y 0 totalmente iguales, de alrededor de 0,6.
Además, la desigualdad entre los grupos se ha incrementado en los últimos años, reforzando así las divisiones étnicas y geográficas tradicionales.
La pobreza, en las zonas rurales, sigue siendo alta y alcanza hasta el 60% en algunas regiones. A esto se suman marcadas diferencias en las tasas de alfabetización, acceso al agua, saneamiento y variaciones sustanciales en la esperanza de vida entre los pobladores de las distintas partes del Perú.
Mientras que un recién nacido, en una de las provincias más pobres, como Huancavelica, puede vivir alrededor de 60 años, su contraparte en la capital del paìs, puede hacerlo por casi 20 años más. Esta desigualdad persiste porque no se ha alterado, fundamentalmente, el sistema político y económico que ha centralizado el poder en la capital. Por otra parte, la ausencia de fuertes partidos y las estructuras políticas han hecho difícil movilizar bases de apoyo a políticas de transformación (como ha ocurrido en Brasil).
Esto ha socavado la capacidad de los pobres para asegurar que el crecimiento económico que, en el Perú, ha sido principalmente a causa de las commodities impulsadas, sea aprovechado, de manera efectiva, para el desarrollo local. El gobierno de Humala, por ejemplo, se comprometió, durante su campaña electoral, a hacer cumplir que las mineras contribuyan, anualmente, 5BN soles (£ 1.2bn), a las arcas del Estado. Durante los debates subsiguientes en el Congreso de la República, esta cifra fue revisada y rebajada a 3 mil millones de soles (725m £).
Un estudio posterior, encontró que el gobierno sólo recibió 1.5bn soles (363m £). Esta cifra, también incluye las contribuciones voluntarias de 500 millones de soles (121m £), que fueron cesadas, lo que significa que los ingresos fiscales anuales totales, de las empresas mineras, sea de sólo 1bn (£ 242m) soles.
Esto equivale a un 0,15% del PIB, una cantidad demasiado pequeña para financiar el nivel de inversión, y programas sociales necesarios para aliviar efectivamente la pobreza y reducir la desigualdad.
La investigación en otras áreas, sugiere que los países con altos niveles de desigualdad en los ingresos, (un coeficiente de Gini de más de 0,5), son más propensos a convertirse en lugares de tránsito, o producción de sustancias ilícitas. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por ejemplo, declaró en su Informe Mundial sobre las Drogas 2012, que: "el nivel de desigualdad social, dentro de una sociedad dada, parece contribuir o permitir el desarrollo de un problema de drogas". El cultivo de coca ha aumentado, en el Perú, y el paìs se ha convertido en el mayor productor de cocaína del mundo.
La capacidad de recuperación del comercio de drogas ilegales en el Perú es, en parte, debido al hecho de que algunos miembros, de los grupos marginados, ve la participación en la producción y tráfico de drogas como la única estrategia viable para la movilidad social ascendente. Esto, a su vez, empodera a las organizaciones narcoterroristas, como Sendero Luminoso, que están fuertemente involucradas en el comercio de cocaina. Para contrarrestar estos efectos, el gobierno anunció, hace algunos años, nuevos programas para impulsar el desarrollo local y hacer frente a la desigualdad, como parte de su estrategia de lucha contra el narcotráfico, en la región productora de coca, VRAEM. Sin embargo, dada la debilidad de las instituciones estatales en la zona, persisten las dudas sobre la eficacia de estos programas. Las experiencias más exitosas de la lucha contra la desigualdad, en América Latina, han sido a través de la creación de empleo formal, logrado en conjunto con el crecimiento económico. Sin embargo, en el contexto peruano esto ha demostrado ser más difícil, ya que hay poca productividad fuera del sector de la minería. Dado el bajo número de puestos de trabajo creados por las industrias extractivas, la diversificación de la economía de Perú será clave para rectificar tales deficiencias en el futuro. También, será necesaria mayor inversion en la educación pública para hacer frente a las diferencias de calidad entre las instituciones educativas, privadas y estatales.
El Perú, consistentemente, se clasifica último, o penúltimo, en las encuestas de calidad de la educación en América Latina. Esto priva, efectivamente, a los pobres, de la oportunidad de obtener las habilidades y conocimientos que podrían ayudarles a escapar de la pobreza.
Esta privación perpetúa los mismos ciclos que crean la desigualdad en el país. El gobierno de Humala, por ejemplo, tratò de proporcionar a los grupos empobrecidos un cierto alivio inmediato, al expandir los programas de apoyo a los ingresos, transferencias monetarias condicionadas (TMC). Iniciativas como Pensión 65 y Beca 18, fueron introducids para proporcionar ingresos adicionales a un número de jóvenes o ancianos. Ese gobierno, duplicó el programa Juntos, un esquema de CCT, en el que las familias beneficiarias recibirìan un emolumento, a cambio de participar en programas de bienestar infantil (en áreas como la salud, la nutrición y la educación).
Estas iniciativas, tuvieron cierto éxito en satisfacer necesidades inmediatas, pero no dejan de tener sus problemas. Las investigaciones indican que, efectivamente, pueden servir para exacerbar la desigualdad de género, mediante el fortalecimiento de las divisiones tradicionales dentro de los hogares. El esquema Juntos, por ejemplo, consolida la posición de la mujer como la proveedora de atención primaria para los niños, haciéndola responsable de garantizar el cumplimiento de los diferentes requisitos del programa. Por otra parte, ya que estas iniciativas se basan únicamente en transferencias de riqueza, y no en la creación de empleo, la sostenibilidad a largo plazo es cuestionable. Algunos, opinan que si los programas fueran de corto plazo, la situación de los beneficiarios sería simplemente volver a su estado anterior.
Conclusiones: Las causas de la desigualdad tienen múltiples facetas. No se prestan a una solución política clara. La pobreza y la desigualdad no pueden ser reducidas de forma automática. Abordar este problema, requiere una serie de reformas y programas sociales que se centren a corto y largo plazo. Una conferencia de peruanistas realizada en Londres, hace algunos años, sugirió que para ello el país tendrá que centrarse en la superación de su historia: la debilidad de las instituciones, el fortalecimiento de sus partidos políticos, la lucha contra la discriminación, la mejora de su sistema de educación y la diversificación de la economía lejos de las industrias extractivas. Cada uno de estos elementos, implicará retos sustanciales. Si estos pueden ser superados de manera efectiva, el país estaría en curso hacia la creación de una sociedad más equitativa y justa.
En este proceso, el rol de la mujer es indispensable para obtener la victoria en el campo polìtico social. Me refiero, a la unidad férrea de los géneros. Se debe luchar por una nueva Constituciòn del Estado que empodere a los géneros, por igual, en la toma de decisiones, una nueva carta magna que asegure una nueva sociedad, digna y justa.
