“INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA, ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA”

OBSERVACIONES AL INFORME DE PAÍS

“INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA, ESTADO DE DERECHO Y DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA”

1. El Informe de País presenta una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos.

2. En gran parte, esta distorsionada visión del proyecto de Informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración. En este documento se privilegian excesivamente las fuentes carentes de objetividad y se excluye casi en su totalidad la información oficial, a pesar de toda la documentación y elementos aportados por el Estado a la Comisión durante este año 2017, a través de los diversos mecanismos disponibles.

3. El Informe de País contiene 1854 referencias, que se traducen en 1005 documentos considerados por la Comisión para la evaluación de la situación de derechos humanos en Venezuela.

4. El 27% de las referencias utilizadas corresponde a información pública diseminada en los medios de comunicación. El 24% responde a informes anuales de la CIDH, información de la Organización de Estados Americanos, informes temáticos de la Comisión o las relatorías especiales sobre Venezuela o la situación de derechos humanos del continente, entre otros. El 20% de las fuentes se corresponden con informes de organizaciones de la sociedad civil y particulares. La información emanada de actos oficiales del Estado solo abarca el 9% de las fuentes.

5. De los datos presentados se desprende que el Informe de País está construido fundamentalmente a partir de la información recogida de medios de comunicación privados, careciendo en consecuencia de la más elemental confiabilidad y objetividad exigida por el propio Reglamento de la CIDH y los principios que rigen el tratamiento de los asuntos de derechos humanos. Es motivo de especial preocupación que la información oficial del Estado sea prácticamente desconocida por la Comisión para elaborar su Informe de País.

6. Aunado a lo anterior, es necesario destacar que el 89% de las fuentes de los medios de comunicación utilizadas en el proyecto de Informe corresponde a notas de prensa, páginas web y redes sociales de medios de comunicación privados, claramente parcializados en torno a la situación de derechos humanos en Venezuela. Solo el 11% de las referencias de medios de comunicación se obtuvieron de medios públicos o estatales.

7. El resultado del análisis es más preocupante cuando se realiza sobre las fuentes utilizadas para construir el apartado del proyecto

de Informe dedicado a analizar la situación de la libertad de expresión y protesta social en Venezuela. En el caso del mencionado apartado, el 34% de la información utilizada como referencia es proveniente de notas de prensa y documentos difundidos por medios de comunicación social. El 94% de estas fuentes periodísticas se corresponde con medios privados. A esto se suma el 20% de las citas provenientes de datos aportados por organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, la información oficial del Estado venezolano fue citada solo en 6% de las ocasiones en este apartado.

8. Adicionalmente, la Comisión incurre en una grave irregularidad al utilizar mecanismos carentes de toda validez como fuente de su Informe de País. Así, la CIDH recurre en varias oportunidades a las supuestas “audiencias” organizadas por el Secretario General de la OEA, en clara contravención de las normas que rigen el funcionamiento de ese organismo regional.

9. Es importante destacar que ninguna disposición de la Carta de la OEA ni del derecho interamericano facultan al Secretario General para celebrar audiencias sobre la situación de derechos humanos de los Estados miembros. Tampoco los órganos políticos de la organización han otorgado mandato al Secretario General para realizar tal función. En consecuencia, se trata de un acto arbitrario y carente de toda validez, por lo que no puede ser utilizado para fundamentar las actuaciones de la Comisión en cumplimiento de su mandato.

10. Aunado a todo lo anterior, en este Informe la Comisión Interamericana sigue omitiendo deliberadamente los graves hechos de violencia cometidos por los grupos extremistas que pretendieron derrocar por la vía armada durante el año 2017 al Gobierno legítimamente electo en nuestro país. No hay ninguna referencia a los episodios violentos, quemas de personas y linchamientos

cometidos por activistas de oposición. Es notoria la parcialidad de la CIDH en este Informe.

11. De la misma forma, en este Informe la CIDH guarda silencio cómplice frente al negativo impacto generado en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América y sus serviles aliados en la región y en el mundo. No hay ninguna referencia sobre estas sanciones en el Informe publicado por la CIDH.