LOS MAESTROS, MIS QUERIDOS MAESTROS

Jorge Rendón Vásquez

Por Jorge Rendón Vásquez

“La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita.”, dice la Constitución (art. 17º). Y añade: “El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo.” (art. 15º).

Esto quiere decir que el Estado se halla obligado a prestar el servicio educativo y que este servicio se halla a cargo de los maestros, o profesores, incorporados al ejercicio de la función de educar como servidores públicos nombrados, que tal es la manera de ingresar a la carrera pública.

¿Está claro, no es cierto?

Seríamos una enorme tribu de salvajes si no fuera por el esencial servicio educativo.

Tengo que remitirme a la ley fundamental porque hay muchos, sobre todo en los rangos de la dirección política del Estado, que la olvidan, a propósito o porque nunca se enteraron de que existe y rige la organización social.

Por su calidad de servidores públicos, la Constitución garantiza a los maestros, “los derechos de sindicación y huelga” (art. 41º), sin exclusiones, y el derecho a solicitar la mejora de su situación a partir de remuneraciones justas que satisfagan sus necesidades personales y familiares y les proporcionen un nivel de vida decoroso (art. 24º). De conformidad con el Convenio 151 de la OIT sobre el derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública, “La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados.” (art. 9º). Este convenio, ratificado por el Perú, forma parte de nuestro derecho interno.

¿También esto está claro, verdad?

Ahora a los hechos.

Las organizaciones sindicales de los maestros de la enseñanza pública han interpuesto un pliego de reclamos para que el Estado les aumente sus remuneraciones y les acuerde otras mejoras. Como la ministra de Educación se hizo la sorda, los maestros fueron obligados a ir a la huelga. Recién entonces, la ministra de Educación, el presidente de la República y su séquito de visires, pagados como ejecutivos de empresas extranjeras, se enteraron de que hay un conflicto social grave; grave, porque los niños y adolescentes de los centros educativos estatales no reciben el servicio educativo.

El ministro del Interior entró entonces a tallar, probablemente, asegurándoles al presidente de la República y a la ministra de Educación que él resolvería el problema, haciendo pasar por el aro a los maestros de vuelta a las aulas. Su procedimiento consistió en acusar a la junta directiva de una o más organizaciones sindicales de los maestros de hallarse vinculadas al terrorismo. Y lo dijo muy suelto de huesos y hasta con vehemencia. Me pregunto, nos preguntamos muchos: ¿Conoce el ministro del Interior el precepto constitucional de la igualdad ante la ley y que “nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, o de cualquiera otra índole” (art. 2º-2).

Para el ministro del Interior, por lo tanto, porque él lo dice, un grupo numeroso de maestros, quizás la mayoría de los que están en huelga, carece de los derechos de sindicación, de huelga y de solicitar el mejoramiento de su condición económica. Y, de suponerse que entre los maestros hubiera algunos que hubiesen cumplido condena penal y no pesase sobre ellos una inhabilitación complementaria ¿por qué razón legal no podrían actuar en la vida como cualquier otro ciudadano?

El nombre de este ministro surgió de pronto en mis recuerdos. Busqué en mi biblioteca y salieron a mi paso los cinco volúmenes de unaHistoria gráfica del Movimiento Obrero, de 1900 a 1968, cuyos autores fueron Carlos Basombrío Iglesias y Wilson Sagástegui Lozada (Lima, 1984, 1985). Les aseguro que es una singular y magnífica obra de texto y fotografías por dos autores, jóvenes (28 añitos) y motivados por una sensibilidad social que entonces parecía exenta de cálculo. Y después ¿qué pasó con ellos? Contradiciendo a Ruben Blades y su famosa salsa podríamos decir que la vida no te da sorpresas. He allí, a Carlos Basombrío, escoltando a un fatigado PPK y amenazando a los maestros en huelga.

En definitiva, el costo del servicio educativo público, lo pagamos todos los que trabajamos, producimos y consumimos con la tributación, única fuente de ingresos del presupuesto público (excepto las contribuciones de la seguridad social destinadas a este fin específico). La contraparte de los maestros es, por consiguiente, la sociedad, y en nuestro nombre y representación, tratan con ellos las instancias políticas y administrativas del Estado.

Si el pliego de reclamos es por aumentos de remuneraciones y otras mejoras, sus interlocutores estatales no pueden legalmente condicionarlos a tal o cual conducta de los maestros, ni a la aceptación o sumisión a un proceso de evaluación, que corre por cuerda aparte, puesto que su fuente legal es otra. (“El Estado y la sociedad procuran su evaluación —la de los maestros—, capacitación, profesionalización y promoción permanentes.” Art. 15º de la Constitución).

La imprevisión de los gobiernos anteriores y del actual ha embalsado, irresponsable, abusiva y alegremente, el tratamiento remunerativo de los maestros, mientras los recursos públicos iban a otros fines, una situación que debe terminar de una vez.

Para eludir las demandas de los maestros, el gobierno, aferrándose a una posición de fuerza, ha tratado de politizarlas, cuando la solución es estrictamente legal, lo que implica simplemente que debe cumplir la Constitución y las leyes.