Fraude en el Ejército Chileno

Querella es por $ 3.300 millones

Documento del CDE menciona a tres nuevos proveedores.

S. Rodríguez  y  F. Díaz Santiago

El pasado miércoles, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) concretó la ampliación de querella en el marco de la indagatoria por el millonario fraude ocurrido al interior del Ejército. En esta causa se indagan presuntos delitos relacionados a pagos por servicios que no se habrían prestado.En el documento presentado por el CDE ante el Séptimo Juzgado de Garantía se dan a conocer pagos a tres nuevos proveedores, que para el organismo fiscal constituyen el delito de fraude al fisco.La primera querella del organismo fiscal había hecho referencia sólo a la empresa Frasim. Respecto a esta firma, el escrito señala que la suma de facturas que se han encontrado ligada a esta entidad “significaron un perjuicio total para el fisco de $ 429.007.685, determinándose que la conducta delictiva se cometió entre el 3 de junio de 2013 al 18 de marzo de 2014”.El segundo capítulo del documento relata lo sucedido con dos empresas. Al respecto, señala que los procesados en esta causa Claudio González y Miguel Escobar se concertaron con las empresas entre 2010 y 2014 “para que éstos les proporcionaren numerosas facturas por prestaciones de servicios inexistentes a vehículos militares, empleándose por parte de los funcionarios públicos maniobras dolosas y falsificando firmas y autorizaciones (...)”.La querella añade que “el perjuicio total por las conductas dolosas en la cual intervinieron ascendió a $ 2.601.686.831, por un total de 260 facturas”.El tercer punto del escrito hace relación a una persona que obtuvo beneficios por $ 29 millones.El cuarto y último capítulo del documento hace referencia a un proveedor, a quien “se le acreditó el pago y falsedad de las autorizaciones pertinentes respecto a 153 facturas, por la suma total de $ 840.804.296”.Sumando todos estos montos, se revela que las defraudaciones superarían los $ 3.300 millones. A estos se deben sumar los cerca de $ 2.400 millones que ya se conocían.Este caso quedó al descubierto en abril de 2014, cuando el Ejército detectó y denunció un millonario fraude en la unidad de Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF). Este se gestó con el pago de facturas a terceros, por concepto de adquisición y contratación de servicios e insumos para reparar vehículos militares. Estos fondos provenían de la Ley Reservada del Cobre.La investigación se está realizando en dos instancias. La primera es la justicia militar, en que ya se han sometido a proceso a cinco ex uniformados. Todos por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. En paralelo, la Fiscalía Centro Norte formalizó al dueño de la empresa Frasim.