Se supo hace algunas semanas que la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, sorprendentemente "Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad", dispuso formalizar y continuar la acusación contra Víctor Polay Campos y otras seis personas implicadas en presuntos delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado, en el caso “Las Gardenias”.
Se pensó que el pedido no prosperaría por insustancial y obsoleto, pero ha avanzado de tal modo que, por lo pronto, el Poder Judicial ya dictó 18 meses de prisión “preventiva” contra quien lleva casi 35 años tras las rejas. De modo que, en cumplimiento de esa nueva disposición, el acusado no podrá salir en libertad, como correspondía. Aunque suene increíble, el Ministerio Público señaló que “existen graves elementos de convicción y peligro de fuga que justifican la medida”.
El principal procesado en el caso es, obviamente, Víctor Polay Campos, máximo líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, quien en los primeros días de enero del 2026 cumplirá 35 años de prisión en la Base Naval del Callao en condiciones de absoluta restricción y alta seguridad.
En otra situación, el guerrillero encarcelado podría recuperar su libertad dado que se agotó su sentencia. Ocurre, sin embargo, que vivimos tiempos de fronda en los que arrecia el odio irracional de la derecha más reaccionaria que no está dispuesta a tolerar la libertad de Polay Campos y busca por eso obsesivamente mantenerlo en prisión, pese al estricto cumplimiento de la pena impuesta.
El “caso las Gardenias”, que hoy se usa como argumento, data de mayo de 1989, es decir, del siglo pasado -y hasta se podría decir, del Milenio anterior- pero igual lo usan para prolongar una estancia carcelaria que quisieran no terminara nunca. Para ciertos voceros del odio irracional de la ultraderecha, Polay y sus compañeros tendrían irremediablemente que podrirse en la prisión y quedar allí hasta la muerte y aún después de ella.
El planteamiento judicial es absurdo no sólo por el tiempo transcurrido -37 años- sino porque varios de los acusados por el mismo tema estuvieron antes encarcelados, cumplieron su sentencia y hasta se fueron del país. Incluso, uno de ellos -Miguel Rincón- falleció tras las rejas el año pasado, sin que las autoridades hayan tenido el mínimo gesto humanitario: permitir que sus restos sean velados por sus familiares.
A Polay no lo quieren soltar porque -quiérase o no-, constituye el símbolo de una causa que escarapela el cuerpo a nuestra cobarde burguesía local.
La versión oficial asegura que Polay y sus compañeros fueron los responsables de la muerte de 8 personas de la comunidad LGTB, ocurrida en el bar “Las Gardenias” en la ciudad de Tarapoto, Región San Martín.
Ninguna prueba ha sido aportada en torno al tema. Por eso, para solventar esa acusación, la Fiscalía terminó valiéndose de “documentos” del MRTA en los que se habla de una supuesta “limpieza social”, y por ellos, se adjudica al movimiento guerrillero, presuntas ejecuciones extrajudiciales de carácter discriminatorio en el orden sexual.
Ciertamente que las autoridades no han podido ir más allá y probablemente no podrán tampoco sostener algo más en el futuro. Pero el tema les sirve para asegurar, por ahora, que Polay no salga en libertad. Y es por eso que se empeñan en “levantar” el caso dictando contra Polay Campos 18 meses de “prisión preventiva”.
La medida, no hace sino confirmar el extremo al que llega el odio de la clase dominante cuando se trata de aplastar a sus adversarios, aunque tengan el descaro de ocultar su miedo arguyendo que actúan así “en defensa de la democracia” y para “salvaguardar la civilización occidental y cristiana”.
Curiosamente, quienes obran así aprobaron no hace mucho una ley de “amnistía” -olvido y perdón- para quienes realmente cometieron delitos de lesa humanidad y asesinaron con las armas que pusiera en sus manos el Estado, a indefensos pobladores -hombres, mujeres y niños- en diversos confines de la patria.
Para ellos: corte de juicios, eliminación de detenciones, libertad inmediata, y todas las otras posibilidades que franquicia la ley. Para los que se rebelan contra el orden social establecido, todo. Dos Cadenas Perpetuas, como en Estados Unidos, más 40 años de cárcel, por si aun sobrevivieran.
En otros países de nuestra región la situación ha sido distinta. En Uruguay, José Mujica, ex líder tupamaro, llegó a desempeñarse como presidente de la República, y al término de su gestión gubernativa, tirios y troyanos reconocieron sus calidades personales y políticas. Y en Colombia, Gustavo Petro, militante del ELN, aunque no guerrillero activo, cumple ahora mismo funciones gubernativas gracias a la elección de su pueblo, y lo hace con cálida probidad y sabiduría. ¿Por qué entonces aquí tanto odio contra quien simplemente tuvo el valor de alzarse en armas contra un régimen social que consideró trabado y corrupto?
Hay, por cierto, razones políticas y aún ideológicas de por medio, pero más que eso, hay miedo, que raya en pánico; y odio, que se traduce en venganza. En otras palabras, hay conductas perversas guiadas por malos hábitos y por intereses subalternos.
En la base de esa política no asoma la justicia ni la equidad. Ni siquiera un elemental sentido de humanidad. Simplemente subyace la voracidad insaciable de quienes sólo aspiran a perpetuar su dominio explotando inmisericordemente a millones de peruanos.
Y, porque eso es así, no se limita la clase dominante a asegurar la prisión para Víctor Polay, sino que además, ha reiniciado el ataque a todos los que de una u otra manera dijeron algo -alguna vez- algo en favor de Polay.
La iniciativa la han tomado -como en otros casos, Milagros Leiva y Cecilia Valenzuela, gonfaloneras del odio en la prensa televisada y escrita y enemigas mortales de la causa de los pueblos.
Es por eso que este régimen -y no sólo este gobierno- se torna despreciable. No es capaz de levantar la cabeza y mirar el futuro.
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