Por Jorge Aliaga Cacho.
La causa, y consecuencias, de la desigualdad en el Perú no puede entenderse sin observar el desarrollo histórico de la misma porque la desigualdad es un fenómeno enraizado en nuestra historia pre-hispánica que se agudiza tras la llegada de los españoles al Tawantinsuyu en el siglo XVI. Allí empieza la marginación indígena. Este esquema se repite en el Perù republicano que centraliza el poder polìtico en una élite de la capital que, a su vez, profundiza la discriminación contra la población indígena y monopoliza el poder en la capital del paìs. Recientemente, aunque mínimamente, ha habido un grado de mejoría en la situación de los grupos tradicionalmente marginados del país. Las altas tasas de crecimiento económico han contribuido a una disminución de la tasa de pobreza del 50% de hace ocho años y el 30% en la actualidad. Esto ha sido acompañado por la permanencia de desigualdad en los ingresos de los hombres y mujeres del país. Queda mucho por hacer para superar los efectos dañinos del legado histórico del Perú. A pesar de haberse realizado algunas variantes de corte cosmético, el ingreso per cápita permanece distribuido de manera desigual. El país aún registra un coeficiente del Gini - una medida de la desigualdad, donde 1 es totalmente desigual y 0 totalmente iguales - de alrededor de 0,6. Además, la desigualdad entre los grupos se ha incrementado en los últimos años, reforzando así las divisiones étnicas y geográficas tradicionales. La pobreza en las zonas rurales sigue siendo alta y alcanza hasta el 60% en algunas regiones. A esto se suman marcadas diferencias en las tasas de alfabetización, acceso al agua y saneamiento y variaciones sustanciales en la esperanza de vida entre los pobladores de las distintas partes del país. Mientras que un recién nacido, en una de las provincias más pobres, como Huancavelica, puede vivir alrededor de 60 años, su contraparte en las zonas más ricas, como Lima, pueden hacerlo por casi 20 años más. Esta desigualdad persiste porque no se ha alterado, fundamentalmente, el sistema político y económico que ha centralizado el poder en la capital. Por otra parte, la ausencia de fuertes partidos y las estructuras políticas han hecho difícil movilizar bases de apoyo a políticas de transformación (como ha ocurrido en Brasil). Esto ha socavado la capacidad de los pobres para asegurar que el crecimiento económico, que en el Perú ha sido principalmente commodities impulsadas, sea aprovechado de manera efectiva para el desarrollo local. Humala se comprometió, durante su campaña electoral, a que las mineras contribuirían anualmente 5BN soles (£ 1.2bn) a las arcas del Estado. Durante los debates subsiguientes en el Congreso esta cifra fue revisada y rebajada a 3 mil millones de soles (725m £). Un estudio posterior encontró que el gobierno sólo recibió 1.5bn soles (363m £). Esta cifra también incluye las contribuciones voluntarias de 500 millones de soles (121m £), que fueron cesadas, lo que significa que los ingresos fiscales anuales totales de las empresas mineras sea de sólo 1bn (£ 242m) soles. Esto equivale a un 0,15% del PIB, una cantidad demasiado pequeña para financiar el nivel de inversión y programas sociales necesarios para aliviar efectivamente la pobreza y reducir la desigualdad. La investigación en otras áreas sugiere que los países con altos niveles de desigualdad en los ingresos (un coeficiente de Gini de más de 0,5) son más propensos a convertirse en lugares de tránsito o producción de sustancias ilícitas. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por ejemplo, declaró en su Informe Mundial sobre las Drogas 2012, que "el nivel de desigualdad social dentro de una sociedad dada parece contribuir o permitir el desarrollo de un problema de drogas".El cultivo de coca en el Perú ha aumentado por sexto año consecutivo y el país se ha convertido en el mayor productor de cocaína del mundo. La capacidad de recuperación del comercio de drogas ilegales en el Perú es, en parte, debido al hecho de que algunos miembros de los grupos marginados ve la participación en la producción y tráfico de drogas como la única estrategia viable para la movilidad social ascendente. Esto, a su vez, empodera a las organizaciones, como Sendero Luminoso, que están fuertemente involucradas en el comercio de éstas. Para contrarrestar estos efectos, el gobierno anunció recientemente nuevos programas para impulsar el desarrollo local y hacer frente a la desigualdad como parte de su estrategia de lucha contra el narcotráfico en la región productora de coca, VRAEM. Sin embargo, dada la debilidad de las instituciones estatales en la zona, persisten las dudas sobre la eficacia de este programa en última instancia. Las experiencias más exitosas de la lucha contra la desigualdad en América Latina han sido a través de la creación de empleo formal, logrado en conjunto con el crecimiento económico. Sin embargo, en el contexto peruano esto ha demostrado ser más difícil ya que hay relativamente poca productividad fuera del sector de la minería. Dado el relativamente bajo número de puestos de trabajo creados por las industrias extractivas, la diversificación de la economía de Perú será clave para rectificar tales deficiencias en el futuro. También será necesaria mayor inversion en la educación pública para hacer frente a las diferencias en la calidad, que existen, entre las instituciones educativas, privadas y estatales. El Perú, consistentemente se clasifica último o penúltimo en las encuestas de calidad de la educación en América Latina. Esto priva efectivamente a los pobres de la oportunidad de obtener las habilidades y conocimientos que podrían ayudarles a escapar de la pobreza. Esta privación perpetúa los mismos ciclos que crean la desigualdad en el país. En el corto plazo, el gobierno de Humala ha tratado de proporcionar a los grupos empobrecidos con cierto alivio inmediato al expandir los programas de apoyo a los ingresos, transferencias monetarias condicionadas (TMC). Iniciativas como Pensión 65 y Beca 18, se han introducido para proporcionar ingresos adicionales a un número de jóvenes o ancianos. El gobierno también ha duplicado el programa Juntos, un esquema de CCT en las que las familias beneficiarias reciben pagos a cambio de participar en programas de bienestar infantil (en áreas como la salud, la nutrición y la educación). Estas iniciativas han tenido cierto éxito en satisfacer necesidades inmediatas, pero no dejan de tener sus problemas. Las investigaciones indican que, efectivamente, pueden servir para exacerbar la desigualdad de género mediante el fortalecimiento de las divisiones tradicionales dentro de los hogares. El esquema Juntos, por ejemplo, consolida la posición de la mujer como la proveedora de atención primaria para los niños, haciéndolas responsables de garantizar el cumplimiento de los diferentes requisitos del programa. Por otra parte, ya que estas iniciativas se basan únicamente en transferencias de riqueza, y no en la creación de empleo, la sostenibilidad a largo plazo es cuestionable. Algunos opinan que si los programas fueran de corto plazo, la situación de los beneficiarios sería simplemente volver a su estado anterior. Conclusiones: Las causas de la desigualdad tienen múltiples facetas, no se prestan a una solución política clara. El crecimiento económico puede ofrecer el potencial de reducir la pobreza y la desigualdad, pero no sería automático. Abordar este problema requiere una serie de reformas y programas sociales que se centren a corto y largo plazo. Una conferencia de peruanistas realizada en Londres, hace dos años, sugirió que para ello el país tendrá que centrarse en la superación de su historia: la debilidad de las instituciones, el fortalecimiento de sus partidos políticos, la lucha contra la discriminación, la mejora de su sistema de educación y la diversificación de la economía lejos de las industrias extractivas. Cada uno de estos elementos implicará retos sustanciales. Sin embargo, si estos pueden ser superados de manera efectiva, el país estaría en curso hacia la creación de una sociedad más equitativa y justa. En este proceso el rol de la mujer es indispensable para obtener la victoria en el campo polìtico social. Me refiero a la unidad férrea de los géneros. Se debe luchar por una nueva Constituciòn del estado que empodere a los géneros, por igual, en la toma de decisiones, una nueva carta magna que asegure una nueva sociedad.
La causa, y consecuencias, de la desigualdad en el Perú no puede entenderse sin observar el desarrollo histórico de la misma porque la desigualdad es un fenómeno enraizado en nuestra historia pre-hispánica que se agudiza tras la llegada de los españoles al Tawantinsuyu en el siglo XVI. Allí empieza la marginación indígena. Este esquema se repite en el Perù republicano que centraliza el poder polìtico en una élite de la capital que, a su vez, profundiza la discriminación contra la población indígena y monopoliza el poder en la capital del paìs. Recientemente, aunque mínimamente, ha habido un grado de mejoría en la situación de los grupos tradicionalmente marginados del país. Las altas tasas de crecimiento económico han contribuido a una disminución de la tasa de pobreza del 50% de hace ocho años y el 30% en la actualidad. Esto ha sido acompañado por la permanencia de desigualdad en los ingresos de los hombres y mujeres del país. Queda mucho por hacer para superar los efectos dañinos del legado histórico del Perú. A pesar de haberse realizado algunas variantes de corte cosmético, el ingreso per cápita permanece distribuido de manera desigual. El país aún registra un coeficiente del Gini - una medida de la desigualdad, donde 1 es totalmente desigual y 0 totalmente iguales - de alrededor de 0,6. Además, la desigualdad entre los grupos se ha incrementado en los últimos años, reforzando así las divisiones étnicas y geográficas tradicionales. La pobreza en las zonas rurales sigue siendo alta y alcanza hasta el 60% en algunas regiones. A esto se suman marcadas diferencias en las tasas de alfabetización, acceso al agua y saneamiento y variaciones sustanciales en la esperanza de vida entre los pobladores de las distintas partes del país. Mientras que un recién nacido, en una de las provincias más pobres, como Huancavelica, puede vivir alrededor de 60 años, su contraparte en las zonas más ricas, como Lima, pueden hacerlo por casi 20 años más. Esta desigualdad persiste porque no se ha alterado, fundamentalmente, el sistema político y económico que ha centralizado el poder en la capital. Por otra parte, la ausencia de fuertes partidos y las estructuras políticas han hecho difícil movilizar bases de apoyo a políticas de transformación (como ha ocurrido en Brasil). Esto ha socavado la capacidad de los pobres para asegurar que el crecimiento económico, que en el Perú ha sido principalmente commodities impulsadas, sea aprovechado de manera efectiva para el desarrollo local. Humala se comprometió, durante su campaña electoral, a que las mineras contribuirían anualmente 5BN soles (£ 1.2bn) a las arcas del Estado. Durante los debates subsiguientes en el Congreso esta cifra fue revisada y rebajada a 3 mil millones de soles (725m £). Un estudio posterior encontró que el gobierno sólo recibió 1.5bn soles (363m £). Esta cifra también incluye las contribuciones voluntarias de 500 millones de soles (121m £), que fueron cesadas, lo que significa que los ingresos fiscales anuales totales de las empresas mineras sea de sólo 1bn (£ 242m) soles. Esto equivale a un 0,15% del PIB, una cantidad demasiado pequeña para financiar el nivel de inversión y programas sociales necesarios para aliviar efectivamente la pobreza y reducir la desigualdad. La investigación en otras áreas sugiere que los países con altos niveles de desigualdad en los ingresos (un coeficiente de Gini de más de 0,5) son más propensos a convertirse en lugares de tránsito o producción de sustancias ilícitas. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por ejemplo, declaró en su Informe Mundial sobre las Drogas 2012, que "el nivel de desigualdad social dentro de una sociedad dada parece contribuir o permitir el desarrollo de un problema de drogas".El cultivo de coca en el Perú ha aumentado por sexto año consecutivo y el país se ha convertido en el mayor productor de cocaína del mundo. La capacidad de recuperación del comercio de drogas ilegales en el Perú es, en parte, debido al hecho de que algunos miembros de los grupos marginados ve la participación en la producción y tráfico de drogas como la única estrategia viable para la movilidad social ascendente. Esto, a su vez, empodera a las organizaciones, como Sendero Luminoso, que están fuertemente involucradas en el comercio de éstas. Para contrarrestar estos efectos, el gobierno anunció recientemente nuevos programas para impulsar el desarrollo local y hacer frente a la desigualdad como parte de su estrategia de lucha contra el narcotráfico en la región productora de coca, VRAEM. Sin embargo, dada la debilidad de las instituciones estatales en la zona, persisten las dudas sobre la eficacia de este programa en última instancia. Las experiencias más exitosas de la lucha contra la desigualdad en América Latina han sido a través de la creación de empleo formal, logrado en conjunto con el crecimiento económico. Sin embargo, en el contexto peruano esto ha demostrado ser más difícil ya que hay relativamente poca productividad fuera del sector de la minería. Dado el relativamente bajo número de puestos de trabajo creados por las industrias extractivas, la diversificación de la economía de Perú será clave para rectificar tales deficiencias en el futuro. También será necesaria mayor inversion en la educación pública para hacer frente a las diferencias en la calidad, que existen, entre las instituciones educativas, privadas y estatales. El Perú, consistentemente se clasifica último o penúltimo en las encuestas de calidad de la educación en América Latina. Esto priva efectivamente a los pobres de la oportunidad de obtener las habilidades y conocimientos que podrían ayudarles a escapar de la pobreza. Esta privación perpetúa los mismos ciclos que crean la desigualdad en el país. En el corto plazo, el gobierno de Humala ha tratado de proporcionar a los grupos empobrecidos con cierto alivio inmediato al expandir los programas de apoyo a los ingresos, transferencias monetarias condicionadas (TMC). Iniciativas como Pensión 65 y Beca 18, se han introducido para proporcionar ingresos adicionales a un número de jóvenes o ancianos. El gobierno también ha duplicado el programa Juntos, un esquema de CCT en las que las familias beneficiarias reciben pagos a cambio de participar en programas de bienestar infantil (en áreas como la salud, la nutrición y la educación). Estas iniciativas han tenido cierto éxito en satisfacer necesidades inmediatas, pero no dejan de tener sus problemas. Las investigaciones indican que, efectivamente, pueden servir para exacerbar la desigualdad de género mediante el fortalecimiento de las divisiones tradicionales dentro de los hogares. El esquema Juntos, por ejemplo, consolida la posición de la mujer como la proveedora de atención primaria para los niños, haciéndolas responsables de garantizar el cumplimiento de los diferentes requisitos del programa. Por otra parte, ya que estas iniciativas se basan únicamente en transferencias de riqueza, y no en la creación de empleo, la sostenibilidad a largo plazo es cuestionable. Algunos opinan que si los programas fueran de corto plazo, la situación de los beneficiarios sería simplemente volver a su estado anterior. Conclusiones: Las causas de la desigualdad tienen múltiples facetas, no se prestan a una solución política clara. El crecimiento económico puede ofrecer el potencial de reducir la pobreza y la desigualdad, pero no sería automático. Abordar este problema requiere una serie de reformas y programas sociales que se centren a corto y largo plazo. Una conferencia de peruanistas realizada en Londres, hace dos años, sugirió que para ello el país tendrá que centrarse en la superación de su historia: la debilidad de las instituciones, el fortalecimiento de sus partidos políticos, la lucha contra la discriminación, la mejora de su sistema de educación y la diversificación de la economía lejos de las industrias extractivas. Cada uno de estos elementos implicará retos sustanciales. Sin embargo, si estos pueden ser superados de manera efectiva, el país estaría en curso hacia la creación de una sociedad más equitativa y justa. En este proceso el rol de la mujer es indispensable para obtener la victoria en el campo polìtico social. Me refiero a la unidad férrea de los géneros. Se debe luchar por una nueva Constituciòn del estado que empodere a los géneros, por igual, en la toma de decisiones, una nueva carta magna que asegure una nueva sociedad.
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