Por Teófilo Bellido
Entre
el jueves 17 y el domingo 20 de abril, la Policía Nacional del Perú
detuvo arbitrariamente a dirigentes de las rondas campesinas de
Cajamarca, noticia que por sus características viene causando
preocupación en diferentes sectores del movimiento popular.
El
jueves 17 fueron intervenidos un grupo de 15 dirigentes ambientalistas
mientras se trasladaban en camiones con materiales para construir la
casa comunal de las rondas campesinas de Cajamarca en la zona de la
laguna Mamacocha, centro principal del conflicto por el proyecto Conga
de la empresa Yanacocha, una de las mineras de oro más grandes del
mundo. Ese mismo día, detuvieron en la Comisaría de Chanta Alta a los
dirigentes ronderos: Mariano Mendoza, al presidente de la CUNARC-Perú,
Ydelso Hernández, al presidente de la Federación Regional de las Rondas
Campesinas de Cajamarca, Santos Vásquez.
Asimismo,
el domingo 20 de abril, Juan Huamán Yacupaico, presidente de la Central
Única Provincial de Rondas Campesinas de Hualgayoc-Bambamarca es
detenido e inmediatamente transportado a la provincia de Chota.
Ydelso
Hernández, luego de ser liberado, ha denunciado el caso y comunica que
recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Considera
que estas acciones han sido orquestadas en los más altos niveles del
aparato estatal, primando los intereses de Yanacocha, mandamás en la
Región Cajamarca, empresa que en veinte años se ha convertido en un
Estado dentro del Estado peruano.
Una
vez más se pone en evidencia la negativa obtusa al diálogo por parte de
las autoridades del gobierno para negociar con las organizaciones
representativas legalmente reconocidas de la población a fin de alcanzar
soluciones concertadas. Se recurre a la represión que finalmente
conduce a reavivar conflictos latentes. El gabinete ministerial
presidido por René Cornejo está en esa dinámica.
Frente a esta delicada situación las federaciones de ronderos se han declarado en sesión permanente.
Nuevamente
sale a flote el tema del proyecto minero Conga al cual se opone gran
parte de la población cajamarquina cuya expresión más elevada fue la
huelga regional de finales del 2011 que se extendió hasta el 2012
ganando la solidaridad de diversas regiones y organizaciones a nivel
nacional.
Desde
hace algunos años, los conflictos sociales por temas mineros se han
convertido en un problema muy difícil de afrontar para los gobiernos que
se han visto enfrentados a organizaciones sociales y poblaciones que
rechazan un determinado proyecto, principalmente por los daños que éstos
ocasionarían al medio ambiente.
El
problema está en la posición que asume el régimen de turno entre la
voracidad del gran capital o las justas exigencias de la población y,
como sabemos, siempre se inclina a favor de los primeros. Conga es un
caso emblemático. El Presidente Ollanta Humala en su condición de
candidato asumió el compromiso de darle solución escuchando a las
autoridades de la región, a las organizaciones populares, a los ronderos
y a las comunidades campesinas; sin embargo, investido con la banda
presidencial se colocó de espaldas a ese mismo pueblo cajamarquino que
le dio el voto de apoyo y giró el sillón para escuchar más a los
propietarios de Yanacocha, el principal de ellos, el millonario Roque
Benavides.
Finalmente,
hay que señalar que lo recientemente ocurrido con los ronderos de
Cajamarca no es un hecho aislado, se enmarca en las políticas de
penalización de la protesta y la persecución a dirigentes sociales que
se viene implementado a fin de acallar cualquier atisbo de reclamo.
Peligrosamente el gobierno se encamina en la ruta de una represión
generalizada contra cualquier perturbación que incomode a los sagrados
inversionistas privados y a la profundización del continuismo neoliberal
exigido por los empresarios y las transnacionales. Un panorama nada
halagüeño para las organizaciones populares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario