Por Jorge Aliaga Cacho
Otro error garrafal del gobierno peruano. El hecho de que un ciudadano peruano haya solicitado asilo en una embajada no debería conllevar la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y ningún país del mundo. La ignorancia del gobierno es abismal, sobre todo considerando que el derecho de asilo está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miles de peruanos verán afectados sus negocios, estudios o planes de vacaciones, y las economías de los países involucrados sufrirán pérdidas millonarias.
El asilo político se reconoce en el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar de asilo en otros países en caso de persecución. Este derecho protege a quienes huyen de la persecución por motivos políticos, tales como opiniones políticas, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u orientación sexual. El asilo no se aplica a quienes son perseguidos por delitos comunes o actos contrarios a los principios de las Naciones Unidas.
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